Por fin parece que sale a la luz la auditoría
realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación
Territorial de Salud de la Junta a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de
Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar, en la que se
han revisado 896 historias clínicas de los años 2014 y 2015. Una auditoría que,
hay que recordar, no se corresponde con el modelo de auditoría externa
solicitada en su día por el Parlamento de Andalucía, pero que, a pesar de
estar hecha por los propios técnicos de la administración sanitaria andaluza,
ha sido ocultada y tergiversada públicamente con la intención, presumimos, de
eludir el conocimiento real de sus resultados.
De los datos que ayer hizo público IU sobre esta
auditoría, deben extraerse, a nuestro juicio,
tres conclusiones absolutamente fundamentales:
La primera
de ellas es que la auditoría, a pesar
de estar hecha, insistimos, por técnicos de la propia administración, viene a
confirmar nítidamente todas y cada una de las graves anomalías que ya en 2014
Autonomía Obrera y CGT denunciamos ante la Delegación Provincial de Salud, y
que fueron contestadas por los responsables del SAS y del propio servicio de CG
con todo tipo de acusaciones y desprecios.
Tales anomalías eran esencialmente las que siguen:
“1. Disminución
de las estancias medias hasta límites desmesurados.
2. Incremento
de las complicaciones postoperatorias, derivadas posiblemente de altas
prematuras.
3. Incremento
de los pacientes de Cirugía que tienen que ser atendidos en el Servicio de
Urgencias como resultado de lo anterior, y que muchas veces se ven obligados a
reingresar en planta.
4. Incremento
de las reintervenciones, que podría responder, por una parte, a esas
complicaciones posteriores derivadas de altas precipitadas y, por otra, a las
técnicas quirúrgicas utilizadas.
5. Y
tendencia al incremento de las infecciones posoperatorias como presunto
resultado de las restricciones introducidas en la estrategia antibioterápica”.
La segunda
conclusión es que tampoco se
equivocaron ni un ápice los profesionales del servicio de anestesia que ya en
mayo del año pasado remitieron informe a la dirección del hospital denunciando
numerosas anomalías en la actividad quirúrgica del
Servicio del CG, entre las que destacaban:
complicaciones posoperatorias superiores a la media, tasas de mortalidad
superiores también a la media e irregularidades en la codificación en las hojas
quirúrgicas. Informe que la directora médica dijo no haber leído en su día porque
no tenía tiempo de ver todos los correos que se le enviaban, y frente a cuyos
autores, hay que recordar, la dirección del hospital reaccionó de la forma más
vergonzosa y lamentable que cabe, que no fue otra que la de denunciarlos por la
presunta comisión de los delitos de injurias, revelación de secretos y falsedad
documental; denuncias para las que Fiscalía pidió finalmente su archivo por no
existir ninguno de los delitos imputados y carecer de trascendencia penal las
actuaciones que se achacaban al personal de anestesia. A fecha de hoy, no
cabe duda, lo mínimo que estos profesionales se merecen es una disculpa pública
por el injustificado ataque del que fueron objeto en aquellos días y el
sufrimiento emocional que han soportado durante meses.
Y, en tercer
lugar, los datos de la auditoria que
se han hecho público acreditan que la actual dirección gerencia del hospital no
dijo toda la verdad y realizó una presentación totalmente sesgado de los datos
de la auditoria cuando el pasado mes de abril
manifestó a Diario de Cádiz que la auditoria “no presentaba datos especialmente negativos o preocupantes” y que “aunque es verdad que se han identificado
áreas de mejora, no hay ningún dato que sea especialmente negativo, nada
preocupante y nada que justifique una alarma social"; sorprendentes
declaraciones que se contradicen claramente con los datos que ahora se conocen
de la auditoria y entre los que se recogen: una estancia media
sorprendentemente por debajo de lo normal para un servicio de cirugía general;
tasas de reingreso ligeramente superiores a la media; fuerte aumento de la
asistencia a urgencias antes de los 30 días desde el alta; fuerte aumento de la
tasa de mortalidad en 2015 (a pesar del bajo índice de complejidad del
servicio), etc., etc., etc.
Desde AUTONOMIA OBRERA y CGT del Hospital Puerta del
Mar entendemos que esta auditoría, a pesar de no ser externa y tener que
basarse en registros de datos muy deficientes, pone de manifiesto
gravísimos problemas en el Servicio de Cirugía General de nuestro centro frente
a los que la Consejería, la Delegación Provincial, el SAS y la Dirección
Gerencia de nuestro hospital han jugado, a nuestro juicio, un lamentable papel
de encubridores, negando su existencia cuando se denunciaron, y ocultando,
después, los datos reales cuando, forzados por la opinión pública y el Parlamento
Andaluz, se vieron obligados a realizar esta auditoría interna.
Por todo ello, ambas Secciones Sindicales no podemos
sino volver a exigir la dimisión de todo
el equipo directivo del hospital y de forma muy especial las del actual
Director Gerente y la Directora Médica, tanto por no haber sido capaces
durante años de abordar los problemas funcionales que se denunciaban en C.G.
como, sobre todo, por haber persistido en no querer investigar las denuncias
que se realizaban y haber ocultado la verdadera situación del servicio cuando
ya tenían sobre sus mesas los datos reales de la auditoría realizada por los
Servicios de Inspección de la Delegación Provincial. Así mismo exigimos la dimisión del Delegado Provincial de Salud,
Manuel Herrera, quien llegó a calificar de “falsas, alarmantes y carentes
de rigor” las críticas que desde los profesionales se realizaba al funcionamiento
de CG, y por supuesto el cese fulminante
del actual Jefe de Servicio de Cirugía General, D. J.L. Fernández Serrano.
La gravedad de los datos que ahora se conocen no puede
quedar sin que se depuren las correspondientes responsabilidades entre quienes
han sido los cargos directivos de nuestro centro en los últimos años.
El
sufrimiento de tantos y tantos pacientes que se esconde tras los fríos datos
numéricos de la auditoria ya no tiene probablemente solución, pero sí merece,
al menos, que sus responsables directos por acción u omisión presenten de forma
inmediata su irrevocable dimisión como cargos públicos.
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